En deuda con el derecho a la salud mental de nuestra niñez…

Por: Marinilda Rivera Díaz

Publicado el 18 de octubre de 2015. Periódico el Nuevo Díaz, suplemento Salud mental, p.05.

La crisis fiscal, la deuda y el colapso de los servicios de salud son temas que han ocupado las páginas de los principales medios de prensa y con ello posibles alternativas que ayuden a mitigar o agudizar más el estado de situación que enfrentamos. Mientras tanto, miles de niños y jóvenes, junto a sus familias enfrentan la cruda realidad de un desmantelado sistema de salud mental. A diario escuchamos sus frustraciones tratando de conseguir una cita para su hijo/a en algún centro de salud mental, también les escuchamos hacer recuentos de las tantísimas ocasiones que le cerraron los servicios o los trasladaron de una agencia a otra, teniendo que viajar pueblos enteros (en ocasiones en transporte público) para que su hijo/a reciba un servicio. También escuchamos de sus quejas porque cuando logran las citas, estas son cada dos meses y con suerte; de la espera de horas interminables en las salas por lo abarrotado de los servicios; hablan de los cambios constantes de sus terapistas teniendo el niño/a que recontar su angustia una y otra vez. Y ni hablar de sus testimonios sobre la inaccesibilidad de los medicamentos en las farmacias o peor aún, que habiéndolas disponibles no se las dan porque su plan no las cubre y tienen que vender bizcochos y aguas en las luces para poder comprárselos. Esto parecería toda una contradicción en tiempos en que la píldora ha sustituido la terapia que necesitan nuestros niños/as. Hablan del desconocimiento de ellos, pues no les hacen parte del tratamiento de sus hijos/as bajo la justificación de que esas intervenciones ya no las cubre el plan médico. Son interminables las historias donde a diario violentamos el derecho de nuestra niñez a vivir sanamente y a reconocérseles como ciudadanos/as.


La Convención de los Derechos de la Niñez (1989) en su artículo 24 reconoce: “…el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”. A 26 años del tratado más amplio y rápidamente ratificado por muchos países en toda la historia, Estados Unidos se ha convertido en el único país en no ratificarla. En el caso de Puerto Rico, por su relación colonial con los Estados Unidos, tampoco se ha hecho ¿Qué tiene que ver esta Convención con el derecho a la salud de la niñez? Ciertamente, el que nuestra niñez no tenga el derecho a la salud no se debe únicamente a que Estados Unidos no haya ratificado esta Convención, son múltiples las razones. Para comenzar, es necesario señalar que en el 1952 Puerto Rico había incluido el derecho a la salud en la Carta de Derechos Constitucionales (artículo 20) y el Congreso de los Estados Unidos no aprobó dicha cláusula. Por otro lado, los servicios de salud incluyendo salud mental han sufrido grandes transformaciones haciendo del derecho a la salud una mercancía rentable para compañías aseguradoras que controlan toda esta gran industria de la salud y donde el lucro está por encima del derecho a la salud mental e incluso del derecho a vivir de nuestra juventud.


La verdadera deuda que tenemos, la tenemos con el derecho a la salud y salud mental de los niños y jóvenes en Puerto Rico. Para ello, la OMS ha establecido que para asegurar el derecho a la salud es necesario que los países garanticen los siguientes 4 puntos en los servicios de salud: accesibilidad, disponibilidad, calidad y aceptabilidad. Las experiencias de padres y madres, las investigaciones académicas, los múltiples reportes de comisiones legislativas, y las reseñas noticiosas nos han indicado que hemos estado muy lejos de cumplirle a nuestros niños/as. Sin embargo, la Alianza de Salud para el Pueblo, organización sin fines de lucro ha estado defendiendo la propuesta de un sistema universal con pagador único para Puerto Rico con el fin de garantizar ese derecho en nuestra población, sistema que se ha implementado en todos los países industrializados excepto Estados Unidos. Actualmente, existe un Proyecto de Ley (PC 1185) que se encuentra pendiente en el Senado de Puerto Rico. Su aprobación resultaría en la creación de un comité multisectorial para estudiar la viabilidad de un sistema universal . Tenemos la posibilidad de movernos juntos en la transformación de las condiciones que arremeten y atentan contra la vida de la niñez en Puerto Rico a través de una apuesta a la priorización de la salud en el presupuesto del país. Además, se nos hace urgente un cambio en como concebimos la salud dejando atrás la visión de consumo de servicios de salud a una de garantía de derechos. Es tiempo de detener esta deuda histórica que hemos tenido con la niñez y nuestro pueblo, su salud y su salud mental.